Nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad, con el eje puesto en la reducción de los índices del delito

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este miércoles el segundo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad -que integran representantes de los tres poderes del Estado-, durante el cuál las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron informes sobre las cifras de homicidios, los avances en el reequipamiento policial, la capacitación del personal y las obras penitenciarias y en comisarías que están en marcha.

Luego del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, precisó que en este espacio “confluyen los diversos actores y poderes del Estado que hacen a justicia y seguridad pública: el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensa Pública, y legisladores, entre otros actores”, con el objetivo de entablar “un diálogo institucional sobre la marcha de las políticas de justicia y seguridad en la provincia de Santa Fe”.

En este encuentro “cada una de las áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron un breve informe, dando cuenta fundamentalmente, de algo que para nosotros es muy importante, que es el marcado descenso que ha tenido la cifra de homicidios a lo largo y ancho de nuestra provincia; el reequipamiento policial; la capacitación del personal penitenciario y policial; y las obras públicas, policiales y penitenciarias, que se encuentran en marcha. En definitiva todo lo que hace a los principales ejes del plan de seguridad que hemos trazado para la provincia de Santa Fe”, detalló Cococcioni.

En relación a los índices de delitos, el ministro precisó que “si uno compara las cifras de los primeros cuatro meses del año pasado con los primeros cuatro meses del año en curso, la cantidad de homicidios es prácticamente la mitad, en distintos puntos de la provincia y también ha bajado mucho la cantidad de heridos y de lesiones leves con arma de fuego. Esto refleja, de alguna manera, una baja en los principales indicadores de violencia en Santa Fe”.

Por último, Cococcioni recordó que “hemos entregado los primeros 100 móviles policiales, 70 en la ciudad de Rosario, 30 en la ciudad de Santa Fe, ambos para funciones netamente operativas en comandos radioeléctricos y se encuentra en marcha una licitación para 700 nuevos patrulleros, los que en muy poco tiempo vamos a estar entregando en toda la provincia. También se encuentra en marcha, y muy avanzada, la licitación para 500 motocicletas de uso policial y se están trabajando los pliegos para la adquisición de pick-up, y equipamiento para las policías especiales y de investigaciones”.

Asistieron al encuentro los presidentes de Diputados y Diputadas, Clara García; y de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario General, Juan Cruz Cándido; el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre; la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

También participaron los secretarios de Justicia, Santiago Mascheroni; de Seguridad Pública, Omar Pereira; de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; de  Gestión de Registros Provinciales, Dr. Matías Figueroa Escauriza; y de Asuntos Legislativos, Gabriel Real; el jefe de Policía, Luis Pablo Martín Maldonado; diputados y senadores provinciales; y fiscales regionales, entre otras autoridades.

La Junta Provincial de Seguridad es un órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la Provincia. De la misma participan representantes de los tres poderes del Estado con el objetivo de facilitar el diálogo entre las distintas esferas del Estado en los temas referidos a seguridad; facilitar y coordinar la interacción de los distintos organismos en las acciones conjuntas o coordinadas, elaboradas para la prevención y mitigación en materia de seguridad; recabar y analizar datos sobre inseguridad; y programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.