Apenas algunas fotos en blanco y negro componen el registro gráfico de las jornadas de trabajo de la Convención Constituyente de 1962 en Santa Fe. Sesenta hombres y mujeres debatieron y decidieron las últimas modificaciones que tiene la Carta Magna de la provincia, en un contexto muy distinto del actual: el hombre no había llegado a la luna, las transmisiones de vídeo no existían, el Muro de Berlín dividía Alemania en dos, el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei no habían nacido, y la lista podría continuar.
La nueva reforma requerirá de una readecuación funcional con respecto a lo que sucedió hace 62 años. Después que el Ejecutivo provincial convoque a sesionar a la Convención Constituyente, ya con los representantes electos, que en esta oportunidad serán 69, se definirán los aspectos prácticos y reglamentarios para posibilitar la discusión tendiente a modificar el texto madre. La Ley de Necesidad de Reforma sancionada hace algunas semanas definió que la convención se instalará en la ciudad de Santa Fe y tendrá hasta 60 días “para lograr su cometido”.
Además, establece que el órgano tendrá la potestad de juzgar la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, y regirá su labor a través del Reglamento Interno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Particularmente, la norma explica que los convencionales gozarán de los mismos derechos e inmunidades que tienen los legisladores provinciales, algo que inaugura un debate indefectiblemente coyuntural: ¿cobrarán un sueldo los convencionales por cumplir con sus funciones? Legalmente, incluso a partir del artículo 114 de la añeja Constitución provincial, corresponde que cada convencional perciba una dieta.
Sin embargo, la posibilidad de acogerse a labores “ad honorem” es concreta y dependerá de un acuerdo político transversal a cada fuerza. El resultado electoral será aún más importante: quienes ganen tendrán sobrado poder en la toma de decisiones tanto funcionales como políticas del proceso reformista.
El paraguas abierto
“Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los gastos necesarios que demande la ejecución de esta ley de declaración. También se lo faculta para efectuar las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a este fin”, reza el antepenúltimo artículo de la Ley de Necesidad de la Reforma. Es la habilitación para que el Gobierno provincial ejecute los pagos correspondientes a fin de posibilitar el normal funcionamiento de la Convención.
Autoridades del Ejecutivo dejaron trascender que esperan sólo efectuar erogaciones para eventuales alquileres de espacios físicos, compra de equipamiento tecnológico y pagos en concepto de viáticos. A priori, plantean, no está previsto pagarle una dieta a cada convencional, aunque ello dependerá de la decisión soberana que tome el órgano deliberativo una vez constituido.
Ese mismo escenario es evaluado por las diversas fuerzas con representación parlamentaria. Antes de la sanción de la Ley de Necesidad de Reforma, Unidos para Cambiar Santa Fe emitió un comunicado en el que proponía que “los convencionales trabajen ad honorem, asegurando que el proceso no implique un gasto adicional para la sociedad”. Sin embargo, la Constitución provincial dice lo contrario y eso obligó a redactar otro texto en cuanto a esa temática particular. Representantes del espacio oficialista insisten en que “la idea es que ese trabajo sea ad honorem”, aunque advierten que se trata de una discusión que avanzará durante los primeros días de febrero.
En tanto, varios referentes opositores consideran que aquellos funcionarios, legisladores o autoridades superiores que resulten electos para el cargo de convencional constituyente, deberían renunciar a sus dietas y por el contrario se les debería abonar la labor a quienes no estén ocupando puestos semejantes. “Todo trabajo debe pagarse. Pero, por ejemplo, si algún diputado resulta electo, no debería cobrar, no tiene sentido”, ejemplificó un legislador.
Las posiciones recogidas por Suma Política sugieren, al menos de momento, que quienes sean electos como convencionales pero tengan cargos políticos, podrían renunciar a sus dietas o donarlas. Ahora bien, si un convencional proviene, por ejemplo, del sector privado, y reclama su pago, deberá recibir lo que la ley ya dispone.
La última provincia reformista
“¡Es muy poco, no da el tiempo!”, exclamó la ex senadora nacional y presidenta de la última Convención Constituyente de La Rioja, Ada Maza, cuándo supo que en Santa Fe apenas habrá 60 días de debate para definir las modificaciones a la Carta Magna. La reforma riojana es la más cercana en el tiempo a la que emprenderán los constituyentes santafesinos.
Consultada por este medio sobre cómo se resolvió en su provincia la cuestión de las dietas, Maza comentó que varios convencionales electos decidieron donarlas y una sola legisladora provincial convivió durante un corto tiempo con los dos cargos. “La Ley de Necesidad de Reforma fijó como remuneración el mismo monto de dieta que un diputado provincial. Nos tocó un solo caso de una diputada que fue convencional constituyente”, explicó.
La provincia que gobierna Ricardo Quintela aprobó el año pasado modificaciones a su Constitución que establecen la limitación de los mandatos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la incorporación de la renta básica universal y la incorporación de nuevos derechos ciudadanos.
Sobre la experiencia de la Convención riojana, la ex legisladora nacional afirmó que “lo más importante fue la Ley de Necesidad de la Reforma. Tuvimos un marco que nos dio independencia para trabajar en diferentes artículos, porque la ley hablaba de temas a reformar. Entonces nos dimos todo un trabajo que nos llevó hasta el año pasado. Fuimos electos en 2023, tuvimos un año para reformar la Constitución, con participación de la ciudadanía y con recorridas por todos los departamentos de la provincia”.
A partir de allí, detalló Maza, “lo primero que nos dimos fue un plazo de cinco meses para recibir aportes externos e internos de reformas. Esto nos dio la posibilidad de salir a conversar con los ciudadanos e interesarlos sobre los temas de la reforma. Después de ese período, en sesiones mensuales se enviaban proyectos a las distintas comisiones. Aprobamos un reglamento interno, que era el de la Cámara de Diputados y luego adaptamos. Una vez que teníamos eso, empezamos a trabajar en la aprobación de cada uno de los artículos que iban a ser incorporados”.
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